El presidente que sí fue: Colombia ante el espejo de su propia negación

Mayo 5 de 2026

Por: Luis Alberto Torres Alvarez

En Contrapunto Masculino partimos de una convicción sencilla y exigente: pensar no es repetir consignas, sino sostener diálogos diferentes. Como en el contrapunto musical, distintas voces -históricas, políticas, íntimas- pueden entrelazarse sin anularse. La armonía surge de ese diálogo entre tonos diferentes. Este ensayo nace de esa práctica: en esta ocasión, mirar el presente colombiano sin simplificaciones, reconociendo que las decisiones colectivas no son solo electorales, sino profundamente históricas y culturales.

En ese sentido, no es casual que el punto de partida sea un libro inquietante. En El presidente que no fue: la historia silenciada de Gabriel Turbay, la socióloga Olga Lucía González rescata una figura borrada de la memoria política: Gabriel Turbay. Pero lo hace, además, apoyándose en testimonios y lecturas posteriores que hoy resuenan con fuerza desconcertante. Entre ellas, dos frases que la autora recoge y contextualiza:

“Si Colombia le hubiera entregado la Presidencia, otra muy distinta habría sido nuestra historia, comenzando porque la época de la violencia nos la habríamos ahorrado.”

-Carlos Lleras Restrepo, citado en El presidente que no fue.

“Cuando sea tiempo, diré quiénes y cómo traicionaron a Turbay.”

-Jorge Eliécer Gaitán, citado en El presidente que no fue.

No son frases lanzadas en medio de la contienda de 1946. Son, más bien, juicios posteriores, reflexiones que surgieron cuando ya se conocían las consecuencias: la fisura liberal, el ascenso conservador, la violencia desbordada. Es decir, no son consignas políticas, sino advertencias históricas. Y es justamente ahí donde comienza el paralelo con el presente. Colombia no enfrenta hoy, ochenta años después, una simple elección entre izquierda y derecha. Enfrenta algo más profundo: la persistencia de una estructura histórica que, una y otra vez, resuelve sus tensiones excluyendo al otro.

El caso de Gabriel Turbay es paradigmático no solo por la derrota electoral de 1946, sino por la forma en que esa derrota se construyó. La investigación de González documenta con rigor una campaña de desprestigio sistemática en la que confluyeron sectores del conservatismo radical, liderados por Laureano Gómez, y la disidencia liberal encabezada por el caudillo Jorge Eliécer Gaitán.

No se trató simplemente de una disputa ideológica. Se trató de un proceso de deslegitimación en el que el origen de Turbay -hijo de inmigrantes libaneses- fue convertido en argumento político. La extranjería, la sospecha sobre su pertenencia, el señalamiento identitario, actuaron como dispositivos de exclusión en una sociedad que ya venía cargando tensiones profundas desde la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá y las fracturas estructurales del proyecto republicano.

Lo decisivo no fue solo la existencia de esos discursos, sino su eficacia. Funcionaron porque conectaban con una matriz cultural previa: una sociedad acostumbrada a organizarse en oposiciones rígidas, radicales, en pertenencias excluyentes, en identidades cerradas. Ese es el punto que molesta. Hoy, esa lógica no ha desaparecido. Se ha transformado.

El paralelo con Iván Cepeda Castro no es superficial ni anecdótico. También él proviene de una genealogía marcada por la migración sirio-libanesa, inscrita en la historia política de la costa Caribe. Solo que el mecanismo de exclusión ya no opera de la misma manera. En 1946, el ataque era abiertamente racial y xenófobo. En el presente, es más sofisticado: se desplaza hacia la deslegitimación moral, ideológica y simbólica. Ya no se dice “no pertenece” por su origen, sino “no pertenece” por lo que representa. Se desprestigia, se construyen asociaciones, se fijan etiquetas, se delimitan fronteras simbólicas. No es una desaparición del racismo político. Es su mutación. Y esa mutación ocurre en un contexto más amplio que no puede ignorarse.

Como advierte Hernando Gómez Buendía en Colombia después de Petro: lecciones del gobierno del cambio, el país no puede entenderse desde lecturas simplificadas. Su propuesta de una “psiquiatría social” apunta precisamente a eso: a reconocer que Colombia no es solo un escenario de disputas ideológicas, sino un entramado de rupturas acumuladas, de ilegalidades estructurales, de exclusiones persistentes, dolorosas. En ese marco, la categoría de los “nadies” -que el propio Gómez Buendía examina críticamente- no es solo retórica. Remite a una realidad concreta: más de veinte millones de personas cuya relación con el Estado ha sido, en el mejor de los casos, intermitente; en el peor, inexistente o violenta.

No se trata únicamente de pobreza monetaria. Se trata de: exclusión histórica acumulada, baja capacidad de incidencia institucional, exposición prolongada a economías ilegales o precarias, itinerancias atravesadas por el desplazamiento, la violencia o el abandono estatal. Ese es el sujeto político que hoy pesa en las urnas. No es ideológico en el sentido clásico. Es experiencial. Por eso, reducir la elección a una disputa doctrinal es un error de diagnóstico.

Millones de personas no votarán desde programas detallados, sino desde una memoria social concreta: la de haber sido sistemáticamente marginados, excluidos. Buscan, más que coherencia ideológica, una posibilidad de alteración de su condición histórica. Eso no significa que siempre acierten. Significa que su decisión tiene una racionalidad distinta, que no cabe en los marcos tradicionales de análisis político. Este proceso, además, no ocurre en el vacío.

Se da en un entorno local y global caracterizado por la concentración de poder económico y tecnológico innegable. Grandes corporaciones, como Alphabet, Amazon o Saudi Aramco, no determinan directamente el voto, pero sí configuran el entorno en el que este se produce: los flujos de información, los marcos de visibilidad, las prioridades económicas, las condiciones materiales de vida. No se necesita una conspiración coordinada para entender su influencia. Basta observar: la financiación de campañas, el lobbying institucionalizado, las puertas giratorias entre Estado y sector privado, la dependencia fiscal de economías extractivas. Ese entramado condiciona lo posible, lo decible y lo gobernable.

Pero sería un error, y una evasión, atribuir todo a esas estructuras. La exclusión no es solo una operación de las élites. También es una práctica social que se reproduce, se tolera y, muchas veces, se naturaliza. Colombia no solo ha sido gobernada desde arriba; también ha sido sostenida desde abajo por formas de ver al otro como amenaza, como exceso o como anomalía. Ese es el trasfondo cultural que conecta 1946 con el presente.

Aquí resulta iluminador el aporte de Rogers Brubaker en Ethnicity Without Groups, citado por Gómez Buendía: las identidades no son entidades fijas, sino procesos que se activan en contextos específicos. No existen “grupos” como realidades estáticas; existen formas de agrupar, clasificar y excluir que emergen en momentos de tensión. Eso es exactamente lo que ocurre en coyunturas electorales como la actual. Las identidades se intensifican, se simplifican, se polarizan. Y en ese proceso, la complejidad desaparece.

Por eso, el paralelo con Gabriel Turbay no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia. En 1946, Colombia eligió en medio de la fragmentación, la deslegitimación y el miedo. El resultado no fue solo una derrota electoral, sino la apertura de un ciclo de violencia cuyas consecuencias aún atraviesan al país. Hoy, el riesgo no es idéntico, pero tampoco es inexistente. Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Puede Colombia tramitar sus tensiones y diferencias sin convertirlas en exclusión? ¿Puede sostener la divergencia sin traducirla en eliminación real, simbólica o política del otro?

La respuesta no está en un candidato específico, aunque figuras como Iván Cepeda Castro encarnen, para muchos, la posibilidad de un cambio. Tampoco está en una ideología determinada. Está en algo más exigente: en la capacidad colectiva de reconocer que la historia no se repite por accidente, sino por persistencia. Colombia ya eligió una vez no cambiar su historia. No por ignorancia, sino por incapacidad de reconocerse en su propia fragmentación.

Hoy vuelve a estar frente a esa decisión. Pero esta vez, el peso no recae únicamente en las élites ni en los liderazgos visibles. Recae, sobre todo, en quienes han sido históricamente excluidos y que, por primera vez en mucho tiempo, participan masivamente en la definición del rumbo del país. No es una elección entre izquierda o derecha. Así insistan en presentarla de esa forma. Es una decisión sobre si Colombia seguirá resolviendo sus tensiones excluyendo al otro… o si, por fin, aprende a sostenerlas sin destruirse.

Y tal vez, como sugiere la historia que Olga Lucía González se empeña en rescatar, lo que está en juego no es quién será presidente. Sino si el país está dispuesto, por fin, a dejar de producir, una y otra vez, presidentes que no fueron. O peor aún: historias que no quisieron ser cambiadas.